El suministro de energía eléctrica no solo es un deber en cabeza del Estado por tratarse de una manifestación de los fines esenciales del Estado que se orientan a la consecución del bien común y el bienestar general, sino que debe ser garantizado por su conexidad con derechos fundamentales dispuestos en la Constitución.

Las personas de la tercera edad son sujetos de especial protección constitucional y, por ende, su amparo y cuidado se encuentra a cargo del Estado, la sociedad y la familia. Por ello, en desarrollo de este mandato, la normativa aplicable estableció que la atención en salud de estas personas goza de especial protección del Estado y no puede ni debe ser limitada por razones administrativas o financieras.

Es indispensable que el Estado avance de forma prioritaria en la elaboración y suscripción del contrato que señaló que FONASA celebrará con el prestador de servicios de salud privado. Ello, con el fin de que se garantice que la cobertura del tratamiento médico otorgada a través de dicho contrato entre en vigencia de forma inmediata una vez culmine la cobertura del actual seguro de la menor.

El caso se refiere a derechos fundamentales de la mayor magnitud, los derechos a la vida y a la salud de una niña, a los que la Constitución federal atribuye prioridad absoluta. En casos relacionados con el mismo fármaco este Tribunal ha admitido excepcionalmente el uso de reclamaciones como forma de control de las decisiones judiciales.

Las mujeres privadas de libertad embarazadas, en posparto y lactantes tienen derecho a recibir atención pre y posnatal adecuadas. En específico, se debe “proveer atención médica especializada que responda a las necesidades derivadas de su estado, la cual debe ser prestada por personal médico calificado en el lugar de detención y equiparable al cuidado que recibirían en la comunidad”. En caso que ello no sea posible se debe garantizar el acceso frecuente a centros de salud de la comunidad.

La resolución impugnada concluyó, de manera lógica y razonable, que se generarían situaciones de peligro de contagio para las personas, tanto participantes como transeúntes y otros grupos con los que unos y otros lleguen a entablar relación en los días inmediatamente siguientes. Estas circunstancias no solo afectaban al derecho a la salud individual y pública, sino también al derecho a la vida.

El derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad de su ser, lo que implica una acción de conservación y otra de restablecimiento; acciones que el Estado debe proteger tratando que todas las personas tengan una mejor calidad de vida, para lo cual debe invertir en la modernización y el fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud.

Los ciudadanos deben asumir cargas inherentes y razonables, por ejemplo, ejerciendo el rol de cuidador cuando corresponda, en virtud del principio de solidaridad que sostiene el Estado Social. Al respecto, se ha señalado que ello es necesario para garantizar la prevalencia del interés general y hacer un uso adecuado y racional de los recursos destinados a la seguridad social en salud.

Hay suficientes elementos que permiten relacionar la situación del obispo con los hechos que justificaron la adopción de medidas provisionales en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. Ello lleva a la Corte a constatar que, prima facie, se configuran los mismos factores de riesgo que se han identificado en las Resoluciones adoptadas en este asunto.

La obligación de proteger el derecho a la salud es particularmente rigurosa cuando se trata de niños y adolescentes, en tanto sujetos de especial protección. La protección reforzada de los niños que padecen algún déficit cognitivo también se fundamenta en su diagnóstico, pues sus condiciones representan una situación de vulnerabilidad que les dificulta el ejercicio de sus derechos fundamentales, en tanto su particular realidad dista de la de sus congéneres.