La búsqueda de un óptimo estado de salud es inherente a la vida digna. Por lo tanto, la falta del suministro del medicamento no permite que las accionantes puedan mitigar el dolor padecido, tengan que convivir con aquel a diario y no gocen de un adecuado estado de salud. Se concluye que la entidad accionada vulneró el derecho a la vida digna de las accionantes.

El estado de infraestructura del puente hamaca representa una amenaza a la vida y a la integridad personal de la accionante y de sus agenciados. En primer lugar, la Corte insiste en que las autoridades tienen el deber de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia.

La cirugía de próstata con tecnología robótica constituye la mejor alternativa terapéutica en cuanto a que disminuye los riesgos de morbilidad post-operatoria; pero no representa la única solución para la patología que presenta el paciente. Por otro lado, se trata de una “cirugía programada”, lo que determina la inexistencia del “peligro en la demora” en el reconocimiento del derecho invocado por el asociado.

A la luz de las recomendaciones médicas, la falta de atención médica adecuada y la situación médica actual del propuesto beneficiario, la CIDH considera, por el criterio prima facie del mecanismo de medidas cautelares, que los derechos a la vida, integridad personal y salud del hombre se encuentran en grave riesgo.

Partiendo de la definición y la finalidad del implante quirúrgico (sustituir total o parcialmente una función fisiológica), éste ha de ser entonces identificado con todos los elementos precisos para la realización de su función, toda vez que tanto los componentes externos como los accesorios son imprescindibles.

La idea de interpretar la caducidad “con mayor flexibilidad” a partir de “una mirada distinta, es decir, con perspectiva de género”, conllevaría a prescindir de la inacción procesal verificada por un plazo que no se condice con el carácter expedito del amparo y a establecer una situación de privilegio soslayando la aplicación de las normas procesales que rigen el caso.

El derecho a la salud representa para el Estado la obligación de garantizar a todas las personas el disfrute de servicios de salud a través de la atención médica, cuya finalidad es proteger, promover y respetar la salud de manera preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, a fin de conseguir su bienestar físico y mental, para así contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.

El accionar del demandado vulnera la voluntad procreacional, como también el principio de igualdad y no discriminación. Resulta evidente que el patrón socio-cultural y el estereotipo de género que invoca el demandado de manera autoritaria, tiene por objeto negar un derecho o beneficio que el ordenamiento jurídico reconoce a la parte actora.

La medida fue respaldada por la Asamblea Nacional como parte de una actualización del marco legal de la salud en el país, que garantiza un sistema de salud gratuito y universal. El borrador final de la legislación establece que se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna.

Los límites impuestos por el legislador al ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y respetuoso de la salud deben estar vinculados a exigencias constitucionales o justificadas por razones de interés general, y ser proporcionales al objetivo perseguido.