El reclamante renunció a la nacionalidad chilena para optar por la noruega, y luego de 10 años de residencia en Chile, solicitó al Servicio Nacional de Migraciones la eliminación de la anotación de renuncia, entidad que desestimó la solicitud debido a que la vía administrativa no es la idónea para tal fin.

Al rechazarse la apelación de una sanción impuesta por su oficial superior, en el mismo acto se aumentó el castigo original, infringiendo el principio reformatio in peius, al dejar a la afectada en una peor posición de la que se encontraba antes de recurrir, circunstancia que vulneró la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad psíquica de la agente.

El municipio de San Carlos interpuso la acción cautelar en favor de una funcionaria del SENDA que expuso ante el Consejo Municipal, y dicha ponencia -de carácter público- fue dada a conocer por un medio de comunicación online de la comuna. El recurrente estimó como vulneradas la honra e imagen de la funcionaria, no obstante, carece de legitimidad activa pues es la propia afectada quien debió comparecer ante la magistratura.

El medicamento “ANORO” es solicitado por el recurrente debido a que es indispensable para su sobrevida, motivo por el que la Corte de Puerto Montt ordenó al nosocomio suministrar dicha medicina, a fin de no vulnerar el derecho a la vida del paciente.

La parlamentaria acusa un trato desigual respecto de otros colegas de la Cámara que igualmente son bomberos, y no han sido separados de las filas de la institución por faltar a actos obligatorios de la misma. Indica que es una tradición respetar la calidad de bombero a quienes ejercen cargos de elección popular, ya que el cumplimiento de las obligaciones como diputada la eximen de acudir a los eventos de carácter obligatorio a los que sea convocada.

El recurrente fue detenido y torturado en 1987 por agentes militares, y luego de obtener sentencia favorable en primera instancia al demandar la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, la Corte revocó el fallo, indicando que dicha responsabilidad prescribía en cuatro años, no obstante, el máximo tribunal acogió el arbitrio de nulidad sustancial luego de razonar que la responsabilidad internacional de Estado, implica la reparación oportuna y eficaz a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

El recurrente solicitó al municipio de Estación Central una prórroga para el pago de la patente comercial de un local de venta de bebidas alcohólicas, justificándose en un violento atraco sufrido en dicho establecimiento, pero no acompaño ninguna denuncia, querella, o declaración jurada de testigos que dieran cuenta que efectivamente ocurrió el hecho, por lo que la patente caducó.

El artículo 418 contraviene el artículo 61 de la Constitución, pues el desafuero sólo es apelable en caso que el Tribunal acoja la solicitud, lo que no ocurrió en los casos del diputado Jaime Mulet y de la Diputada María Gloria Naveillán.

Los actores acusaron que el Tribunal Supremo de la colectividad les aplicó la sanción de expulsión en un procedimiento en que no se les permitió ejercer su derecho a defensa, ni presentar pruebas, vulnerando con ello el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

El Consejo multó con 30 UTM a la emisora por omitir la advertencia de inicio del horario de protección al menor, decisión adoptada sin abrir un término probatorio para que el Canal pudiera acreditar sus descargos, acto que infringió el debido proceso reconocido en el artículo 19 Nº3 de la Constitución, y en el artículo 35 de la Ley Nº19.880.