Frente a la falta de una efectiva investigación y fiscalización de la SEC, queda en evidencia la necesidad de realizar un recalculo de los montos a cobrar al actor.
Si bien es cierto que la autoridad administrativa se encuentra facultada para aplicar sanciones una vez verificada la infracción, no es menos cierto que esta potestad debe ejercerse con arreglo a la ley.
El Tribunal de alzada reitera que el examen de los antecedentes y su ponderación efectuado por la autoridad recurrida se realizó en base a la información que la misma empresa reclamante entregó a la Superintendencia, a través de los distintos procesos de información. En consecuencia, no puede la reclamante pretender aprovecharse de su propia negligencia o excusarse en su propio error al entregar los datos.
Amplía en forma abusiva una norma excepcionalísima, profundizando una desigualdad de trato al punto de convertirla en discriminatoria. Se concede el beneficio tanto a quien no puede pagar como a quien sí puede.
El Tribunal de alzada estableció que la autoridad erró al calificar las infracciones sancionadas como de carácter graves, cuando por disposición legal correspondía catalogarlas como leves.
Añade que informando Enel Distribución S.A., no adjuntó la información requerida, lo que implicó que se le solicitara un informe de avance de las instalaciones de Sistema de Monitores para Medición de Cabecera que había realizado la empresa.
