La acción intentada versa sobre un territorio que no se encuentra inscrito en el Registro de Tierras Indígenas.
En la sentencia, el máximo Tribunal acogió recurso de casación y ordenó pagar $536.600.160 por lucro cesante; y $150.000.000 por daño moral, a la cónyuge y cada uno de los 4 hijos de Joaquin Arnolds Reyes.
La Corte Suprema indicó que, en la especie se efectuó una diferencia arbitraria en perjuicio del recurrente al disminuir su jornada laboral.
El máximo Tribunal acogió parcialmente el recurso y ordenó la entrega sólo de información estadística innominda del penal, pero no los antecedentes personales de los internos.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró que, se pretendió en la acción constitucional ejercida por la empresa Inversiones y Comercio Capellán S.A que la Corte, de una forma u otra, declare que no hubo incumplimiento contractual de su parte, cuestión que es totalmente ajena a la naturaleza y objetivo de un recurso de protección.
El máximo Tribunal estableció que no corresponder acoger la excepción de pago por las indemnizaciones concedidas por la Comisión de Prisión Política y Tortura, las que tienen un carácter asistencial que no privan a las víctimas del derecho a instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia por falta de servicio del Estado y descartó exposición imprudente al daño de la adolescente bajo la custodia del Sename.
El máximo Tribunal elevó la indemnización establecida en primera instancia por el daño moral a las víctimas.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que hizo lugar a la demanda.
El Tribunal acogió la demanda al considerar que el entonces adolescente fue víctima de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible tanto en el ámbito penal como civil.
