Los daños a la actora derivaron directamente de un accidente vascular que el Hospital no trató de forma oportuna.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, en la parte que acogió la demanda, con declaración que la suma que el Fisco deberá pagar a los demandantes por concepto de daño moral, asciende a la suma de $20.000.000 para cada uno.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución apelada, dictada por el 13° Juzgado Civil de Santiago, que declaró la prescripción de la demanda.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a la demandada pagar a la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel, la suma de $71.188.033, por concepto de daño patrimonial emergente.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la condenada en el perjuicio causado al Estado por el pago excesivo de fondos de subvención escolar especial.
El Tribunal estableció que la corporación educacional demandada no rindió pruebas para acreditar la devolución de los fondos reclamados.
El máximo Tribunal estableció que la legislación internacional de derechos humanos no es incompatible con la excepción de cosa juzgada.
El Tribunal de alzada rechazó las apelaciones deducidas por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en contra de la resolución dictada, en procedimiento abreviado, por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 13°Juzgado Civil de Santiago, que estableció que en la especie no se probó la falta de servicio denunciada.
Durante manifestaciones registradas en Aysén.
