La falta de información relevante y esencial no es un supuesto exclusivo del término anticipado de la evaluación ambiental, ya que es parte fundamental del procedimiento, emanado del principio preventivo que lo rige, y es en base a tales antecedentes, o la falta de ellos, que un proyecto podrá ser aprobado o rechazado.

La planificación en Chile es deplorable, carente de planificación y distribuida de forma inequitativa entre las diferentes comunas.

En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo ni tan siquiera ha procedido a firmarlo. La declaración conjunta del mes de junio del 2018 circulada por ambos Estados para celebrar el Día Internacional del Ambiente constituye el último compromiso oficial de ambos en favor de esta iniciativa regional.

El texto constitucional no debiera instalar un listado largo de anhelos en la materia, que por muy legítimos que sean, no puedan ser puestos en práctica por ser simplemente declaraciones de buenas intenciones, tal como ha sucedido en otras constituciones.

Por la alteración significativa que el proyecto podría provocar en el sistema de vida y costumbres de los miembros de la comunidad indígena.

La Comisión de Medio Ambiente del Senado concluyó el análisis de las enmiendas introducidas por la Cámara, varias de ellas a favor de la compostabilidad, y el proyecto de ley quedó en condiciones de ser analizado por la Sala en tercer trámite.

En diciembre del año pasado la zona donde se emplaza la minera fue declara como Prioritaria, dada la alta vulnerabilidad ambiental en la que se encuentra, producto de la intervención histórica realizada en dicha área por una serie de actividades productivas.

La sentencia pone énfasis en que, salvo actividades de subsistencia, toda actividad productiva genera impacto en el medioambiente por lo que la normativa nacional e internacional ha diseñado procesos de evaluación que permite determinar las externalidades negativas para que, en base a las mismas, el titular del proyecto adopte medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas.

La iniciativa se inspira en la normativa neozelandesa y también en los estándares internacionales del Banco Mundial.

Los recurrentes solicitaron a la Corte disponer de acciones de compensación y mitigación para la comunidad, ya que la contaminación vulnera los derechos fundmentales del artículo 19 Nº 1, 8 y 24 de la Constitución.