El Consejo solicita que el Tribunal acoja la demanda y declare que se produjo un daño ambiental por culpa o dolo de Anglo American, condenándola como autora del daño a repararlo materialmente. Para ello propone que repare materialmente una vega altoandina de características similares, en términos de extensión, composición y valor ecológico, ubicada en la cordillera de la Región de Valparaíso.

El conflicto ambiental inició tras la presentación de un recurso de amparo por parte de grupos ambientalistas y otros concursantes de la licitación para la obra.

La Superintendencia ordenó un monitoreo en línea de sus residuos líquidos, así como un seguimiento intensivo de 21 variables ambientales del Río Cruces de Valdivia. La investigación se abrió en el marco del fenómeno del desprendimiento del luchecillo que se está observando en dicho humedal desde octubre a la fecha.

El Proyecto que tiene una deficiente implementación de medidas de defensa o alteración del cauce de un estero, extrajo material pétreo de una forma distinta a la autorizada y no cuenta con medidas de seguridad vial.

La sentencia señala que la reclamación se dirige en contra de una resolución que resuelve un procedimiento administrativo de invalidación, por lo corresponde determinar si la reclamante tiene acción para recurrir e impugnar ante el Tribunal Ambiental.

Se trata de la formulación de 10 cargos, dos clasificados como graves, que se relacionan con la construcción de un by pass en la tubería para descargar efluentes no autorizada y la superación de los límites máximos permitidos en su programa de monitoreo de residuos líquidos. El resto fueron considerados como leves, asociados a un deficiente manejo de residuos líquidos, incumplimientos a medidas del Plan de Descontaminación de la RM y corte de árboles nativos, entre otros.

Según la sentencia, la acción intentada por los reclamantes no puede ser recurrida ante los Tribunales Ambientales.

La Bidema de la Policía de Investigaciones deberá realizar inspección submarina para determinar la presencia del cable y tomar muestras de los recursos marinos.

El reclamante señala que, a inicios de este año, la SMA dispuso la suspensión genérica de los procesos sancionatorios a la fecha, en atención al contexto dado por la pandemia de COVID-19. No obstante, sin ser debidamente notificado de la reapertura del procedimiento, se le notificó el 18 de noviembre, la resolución sancionatoria que impugna.

La SMA señala que, para protección de los sitios de nidificación de la especie, la RCA contempla la medida de mitigación de construcción fuera de la temporada de nidificación de la golondrina.