El acuerdo permitía la extracción de cobre en una zona boscosa del Caribe panameño por al menos 20 años, generando protestas masivas que se extendieron por más de un mes. El fallo es considerado un triunfo ciudadano en la «lucha por la protección ambiental y el respeto a las leyes».
El Tribunal ratificó la multa impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) al rechazar la reclamación de los dueños del local comercial.
La Comisión Especial Mixta de Presupuestos, retomará el análisis del erario, este jueves 9 de noviembre, a partir de las 9:30 horas.
El proyecto –estudiado por la Comisión de Medio Ambiente- busca modificar el sistema recursivo contenido en la Ley N°20.600, con la finalidad de consagrar la procedencia del recurso de casación en contra de las sentencias emanadas de los Tribunales Ambientales del país.
Los demandantes se vieron obligados a vivir en un entorno contaminado por los desechos acumulados a lo largo de las calles y por los sitios de almacenamiento temporal de basuras. Dicha exposición a residuos, en violación de las normas de seguridad, había hecho a los demandantes más vulnerables a diversas enfermedades. Esta conclusión fue respaldada por diversos estudios científicos. La constatación de la vulneración de derechos constituye en sí misma una satisfacción justa y suficiente para resarcir el daño moral causado.
El esquema de proyectos trata a todos los “proyectos designados” de la misma manera, independientemente de si el Parlamento tiene una jurisdicción amplia sobre la actividad en sí o una jurisdicción más estrecha sobre los impactos de la actividad en los jefes de poder federales. Además, muchas de las actividades físicas a las que se aplica el plan están reguladas principalmente a través de los poderes de las legislaturas provinciales.
Para el pleno de ministros, el proyecto de ley busca salvar un vacío en la legislación ambiental, vinculado a los mecanismos de impugnación de la sentencia definitiva dictada por los Tribunales Ambientales, cuando conocen de materias reguladas en leyes especiales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 N° 11 LTA, y en los cuales no se ha establecido un mecanismo de impugnación de la misma.
Participó en una protesta a las afueras de una instalación petrolera, bloqueando temporalmente la infraestructura junto a activistas del movimiento Reclaim the Future, por lo que fueron desalojados por la policía con la advertencia de que no volvieran a realizar el mismo acto.
Estamos ante la presencia de un daño ambiental colectivo. Por ello si en la comisión de un daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación ante la sociedad, sin perjuicio en su caso del derecho de repetición entre sí.
La iniciativa, que volverá a la Comisión de Medioambiente al ser objeto de indicaciones, exige transparencia y precisión en la entrega de información de las empresas en materia medioambiental; define limitantes en su publicidad; y fija sanciones a los infractores.
