La visita decretada se enmarca en la obligación que pesa sobre el Tribunal Ambiental en orden a realizar el correspondiente control de indemnidad del daño causado.
La Segunda Sala señala que, además, ha podido formarse convicción en cuanto a que concurren las causales de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84, numerales 5 y 6 de la LOCTC, esto es, el precepto impugnado no es decisivo para el asunto y el requerimiento presentado carece de fundamento razonable.
Además, el Tribunal insinuó que, como medida para mejor resolver, verificaría lo expresado por el Gobierno e instruiría una visita personal del tribunal a las áreas donde se han plantado los árboles según el agente representante del ejecutivo.
La sentencia ordena a la SMA a instruir “un nuevo procedimiento administrativo en el que dicte una nueva resolución de programa de monitoreo, a fin de subsanar el vicio legal, y establezca, fundando técnicamente, un plazo razonable para la implementación de la solución definitiva a la luz de la propuesta y antecedentes actualizados que Algas Marinas S.A. someta a su consideración”.
Tras analizar datos aportados por Sernapesca en una denuncia el 2018 y completando antecedentes, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló un cargo grave a la empresa por sobreproducción de salmónidos, que se traduce en más de 3.800 toneladas por sobre lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Los reclamantes comparecieron al Tribunal luego que la Comisión rechazara la solicitud de invalidación administrativa que habían presentado en contra de la resolución que calificó favorablemente el proyecto.
La Asociación Indígena Quipisca centró sus alegatos en tres puntos que tienen que ver con cuestiones de origen indígena, la calidad del aire y los efectos ambientales del proyecto desde el punto de vista de sus impactos significativos.
El Tribunal de alzada señala que la sola circunstancia que la infracción conlleve una sanción pecuniaria no transforma ese ilícito en una falta penal o deba reputársele como tal, toda vez que esta sanción es, según el artículo 21 del Código Penal, una pena común para los crímenes, simples delitos y también para las faltas.
El fallo señala que los reclamantes no presentaron la invalidación dentro del plazo como para entender que se trataba de un recurso, por lo que la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental no es impugnable ante los tribunales de justicia.
la empresa argumentó que no puede ser procesada por ningún delito, ya que el Tribunal Ambiental ya conocía del caso en relación con dos demandas anteriores presentadas por activistas ambientales contra el supuesto exceso de emisiones de los automóviles Audi de la empresa.
