El interés público informa a ambos lados de la balanza: el público tiene interés en la correcta administración de justicia, así como en que se garantice la seguridad del transporte. Para el legislador, el interés público consiste en el derecho de las partes a un juicio justo y a presentar todas las pruebas pertinentes que sean necesarias.

Dictamina el Contralor que en la medida que uno de los intervinientes de la recepción, envío o conversación los entregue voluntariamente en un proceso sumarial con dicha finalidad, y pueda acreditarse que se refieren o dicen relación con la presunta víctima o el presunto victimario se deben valorar como medios de prueba en sumarios administrativos.

La ruptura del principio de inocencia, demostrando el proceder doloso de los imputados mediante los medios probatorios pertinentes corresponde al que sostiene la acción penal privada, esto es, al querellante.

El requirente alega que se ve imposibilitado de presentar prueba crucial en la gestión pendiente, dejándolo en indefensión.

El requirente alega que se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.

El requirente alega que se ve imposibilitado de presentar prueba crucial en la gestión pendiente, dejándolo en indefensión.