El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de las recurridas al no proporcionar la atención de salud que requiere la paciente, en los mismos términos de cuando estaba internada.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección señalando que, resultó del todo arbitrario rechazar la solicitud de financiamiento de dos prótesis mioeléctricas.

Fonasa negó el acceso a cobertura de medicamento «Ataluren», por lo que el recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 24.