En la región no hay oferta programática de residencia que cubra el perfil del adolescente de autos, por lo que el Director Regional ha debido coordinar la búsqueda de dicha oferta fuera de la región, territorios en los que no tiene facultades para ordenar derechamente el cupo solicitado.

La decisión de expulsión de la estudiante corresponde a una medida establecida en el reglamento interno de convivencia escolar del establecimiento educacional, el cual se constituye en el cuerpo normativo esencial que establece las reglas de convivencia por las cuales deben guiarse los miembros de la comunidad escolar.

La principal función del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es la ejecución de las medidas decretadas por el tribunal evidenciándose dilaciones indebidas al cumplimiento de lo ordenado, lo que vulnera la libertad ambulatoria de la adolescente que se ve obligada a permanecer en el recinto hospitalario en contra de su voluntad.

Los padres de la adolescente sobre medida proteccional arribaron a una solución colaborativa, en los términos y plazo establecidos ante el tribunal de familia, por lo que el asunto denunciado por esta vía se encuentra sometido al imperio del derecho.

No puede constituir exigencia de la tipicidad y/o de la antijuridicidad de la conducta, la demostración de un específico trauma u otra secuela -psicológica o física- en la víctima directa. El delito de actos sexuales es de mera actividad.

La doctrina admite excepción cuando el examen de aquellos requisitos se efectúa con injustificado rigor formal que afecta la garantía de defensa en juicio y, además, la decisión en recurso pone fin al pleito o causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Es claro que la relación mantenida entre la víctima y el acusado (hija ella de la pareja sentimental de él), por más que ambos hubieran convivido de forma prolongada en el tiempo, no se encuentra entre las seleccionadas por el legislador para esos efectos.

No soslaya este Tribunal que, los hechos expuestos por los intervinientes son objeto de investigación de parte del Ministerio Público, tendientes a establecer las presuntas responsabilidades, tanto de las personas que ocuparon el predio señalado, las agresiones a Carabineros, y del personal policial en cuanto al uso de la fuerza.

La excesiva demora en resolver el recurso en cuestión no se condice con la urgencia que debe otorgarse a este tipo de procesos, máxime cuando no se han señalado razones y/o motivos de entidad que impidan o hubieran impedido el dictado de un pronunciamiento en el caso.

La ausencia de antecedentes médicos o peritajes respecto de las autoagresiones o del daño asociado a vulneración de índole sexual, no impide su establecimiento por otros medios idóneos.