La Comisión IDH al momento de elaborar este estudio da cuenta de que en América Latina se registran diversas violaciones al derecho a la libertad de religión y creencia, en conexión con otros derechos humanos, y en relación con distintos grupos en situación de vulnerabilidad.
En una sociedad democrática, el derecho a la protección contra la discriminación está por sobre el derecho a la libre elección de contratar.
El ordenamiento jurídico establece medidas de protección en favor del contratante más débil.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta que acogió la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y demanda de cobro de prestaciones, fijando el pago de una indemnización total de $5.532.639.
Las lesiones a los derechos fundamentales imputables al empleador en el marco del procedimiento de tutela rara vez se presentan en forma explícita.
