La mujer debió rebatir de manera clara y precisa el argumento principal de la sentencia, referido a que el resultado de la prueba genética de ADN llevado a cabo con ambas muestras contundentemente concluye que se trata de la misma persona, robusteciendo ello la probanza científica en la que se fundara el fallo impugnado que indicaba la inexistencia de vínculo biológico entre la actora y el causante.
La menor fue llevada por su padre a la toma de muestra bajo el pretexto de que le estaban practicando un examen PCR para descartar que tuviera COVID-19, vulnerando con ello la igualdad ante la ley y el derecho a la honra de la niña.
El reclamante de filiación no ha tenido un comportamiento congruente como padre, requiriendo la posesión de estado, un grado de persistencia, actos continuados y reiterados de padre que no concurren en el caso.
El fallo explica que el actor no puede realmente impugnar su reconocimiento en virtud de la imposibilidad de volver sobre sus actos (doctrina de los actos propios) y la irrevocabilidad del acto de reconocimiento.
La recurrente estimó vulnerado el derecho a la integridad psíquica de la persona, la igualdad ante la ley y el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia.
