La Comisión de Gobierno del Senado aprobó en general la norma que modifica la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para promover la denuncia, por parte de los funcionarios públicos, de los delitos y otros hechos irregulares de los que tengan conocimiento.
La regla general debiera ser la publicidad de todos los antecedentes que se encuentren en poder de la Convención, y sólo excepcionalmente declararse la reserva, de manera justificada, en casos previamente calificados y por las causales que expresamente se contemplen en el reglamento.
La Segunda Sala señaló que ha logrado formarse convicción de que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC, adoleciendo el requerimiento de falta de fundamento plausible.
Esto, a propósito de solicitud del diputado Pablo Vidal, quien aduce que en una entrevista que le realizara el diario “La Cuarta”, habría respondido que su candidata a dicho cargo es una exservidora de ese órgano comunal, lo que fue retransmitido a través del medio de comunicación “Tu Canal Colina”, de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, además de ser posteriormente difundida tal afirmación por la red social Twitter.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que el sistema de información del ente acusador desconocía el régimen de protección de datos personales, específicamente, el principio de veracidad, según el cual la información recopilada debe ser completa, exacta y compresible.
El ente contralor adujo que corresponde al tribunal electoral regional respectivo, y no a esta Contraloría General, conocer y declarar las eventuales contravenciones al principio de probidad administrativa en que pudieran incurrir, tanto los alcaldes como los concejales.
La iniciativa propone la reserva de la identidad del denunciante, centralizando el canal de denuncias a través de una plataforma electrónica a cargo de la Contraloría General de la República.
El Tribunal acogió la demanda tras establecer que la empresa no acreditó las inconductas atribuidas al trabajador en el desempeño de sus funciones.
Para incrementar los estándares de probidad de los Consejeros.
El órgano contralor y las organizaciones agrupadas, manifestaron que la urgencia de respuestas que se da en el contexto de la pandemia no deroga las normas de probidad, no tolera los conflictos de intereses y no autoriza la realización de actos de corrupción ni exime de la aplicación de sanciones.
