La reclamación fue interpuesta fuera del plazo que prescribe el artículo 83 de la Ley N°20.529.
El Tribunal de alzada consideró que la solicitud es improcedente por mandato legal y constitucional, normas que establecen la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la reclamación intentada y, en su lugar, la rechaza en todas sus partes.
El Tribunal de alzada descartó infracción a la prueba rendida en la sentencia de primera instancia.
En su análisis, el Tribunal determinó que el predio en cuestión está emplazado en un terreno que geográficamente ha sido una isla, y que, por lo tanto, de conformidad con el Decreto Supremo Nº2.734 de 1981 se sitúa dentro de los límites del Santuario.
El Tribunal de alzada estableció que la autoridad recurrida excedió sus atribuciones al aumentar la resolución sancionatoria impugnada por el colegio, consistente en la privación temporal y parcial de la subvención de un 1% por un mes, aumentándola a un 3% por dos meses.
La sentencia desestimó las alegaciones relacionadas con temas procedimentales y también aquellas referidas a posibles impactos ambientales del proyecto, específicamente asociados a emisiones atmosféricas, contaminación térmica, componentes suelo, agua y paisaje, y la alteración significativa de los sistemas de vida y zonas con valor arqueológico
El Tribunal de alzada rechazó la entrega de la información solicitada en formato PDF, por distraer indebidamente de sus labores habituales a los funcionarios municipales que deberían recopilarla.
La acción deducida se encuentra admitida a trámite por el Tercer Tribunal Ambiental; otorgando a la parte reclamada el plazo de 10 días para informar.
En la resolución se estima que, los antecedentes constituyen presunción grave de la existencia de una afectación a la cohesión social de la comunidad, la que se manifiesta en una tensión latente y un sentimiento compartido de desconfianza.
