Las reclamantes fueron inscritas en una circunscripción que no les correspondía, por lo que privaron a los asociados de ejercer el derecho de elección de sus representantes.
El inciso 2° del artículo 46 de la Ley N°19.880, no exige ese conocimiento real para entender practicada y perfeccionada esta forma de notificación por carta certificada pues dispone que basta el transcurso del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos respectiva para ello.
Los trámites para el traslado de los derechos inscritos y puntos de acceso, no son una causal legal de exención, pues el beneficiario conoce las obligaciones que traen consigo los derechos de aprovechamiento de aguas.
La funcionaria acusada sostiene que las denuncias obedecen a hostigamiento y acoso en su contra, y no al fin de otorgar información que sirva de base para fiscalizar al servicio público.
Su intervención fue requerida por el infractor como consecuencia de la sanción que le fue aplicada por la Dirección Regional, motivo por el cual, su resolución se encuentra limitada a las peticiones formuladas en el reclamo, a las que debe ajustarse.
El plazo de 30 días dispuesto en el Código de Aguas, debe interpretarse a la luz de la Ley N°19.880 y no de las reglas generales.
No resulta procedente invocar las causales de no tener la información y de imposibilidad técnica, puesto que el Servicio de Registro Civil tiene, o debiera tener, la información requerida.
El proyecto Puerto Cruz Grande consiste en la construcción y operación de un puerto minero por parte de la Compañía Minera del Pacífico S.A., en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.
La autoridad recurrida reguló la multa en el mínimo legal.
Al haber culminado el proceso administrativo con la resolución de término, la etapa recursiva no forma parte de éste, erigiéndose como una tramitación distinta e independiente del período inicial.
