El amparado cumple con las exigencias previstas en el artículo 464 del Código Procesal Penal.
La resolución impugnada fue ordenada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus facultades legales.
El máximo Tribunal decretó, además, la suspensión del procedimiento y de la medida cautelar de prisión preventiva del amparado.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso cautelar presentado por los integrantes de la Galería Cima, plataforma de exhibición y promoción de expresiones artísticas multidisciplinarias.
La sentencia señala que, privar de libertad a una ciudadana que se encuentra sentada en una banca, descansando momentáneamente y debidamente autorizada mediante el respectivo salvoconducto, configura un comportamiento que no sólo excede al marco de sus atribuciones, sino que demuestra una falta de respeto hacia la vigencia de los derechos fundamentales de las personas.
Sustituyendo dicha forma de satisfacción de la sanción, por la reclusión parcial domiciliaria.
El máximo Tribunal estableció que el recurso de amparo no es la vía idónea para reclamar contra la denegación del beneficio.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional al considerar que de los hechos descritos por el amparado se desprende que existe una amenaza cierta de atentado contra su vida, descartando participación de la Armada.
El máximo Tribunal sostuvo que no se desprende que la privación de libertad que afecta al amparado- poseedor del rango de «machi» desde antes de incurrir en el delito que motivó su condena- se enmarque en alguna de las hipótesis de ilegalidad.
El amparado considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
