La declaración permitió esclarecer un robo ocurrido al interior de un inmueble en la ciudad de Arica, y fue efectuada de forma voluntaria por el particular, quien posteriormente también sería procesado por su participación en el hecho.
El Tribunal de alzada estableció que en la especie se cumplen los requisito establecidos en el tratado sobre la materia suscrito entre Chile y Venezuela, para solicitar la extradición activa y la detención previa del ciudadano venezolano que se encuentra, actualmente, detenido en Caracas.
Las pruebas y antecedentes aportados por el requirente son insuficientes para justificar el juzgamiento del nacional respecto de los hechos presuntamente cometidos.
El órgano de derecho privado tomó las medidas necesarias para evitar el hecho, por lo que la responsabilidad por el ilícito recae en los terceros que lo llevaron a cabo y no configura una falta de servicio.
Se comparte la apreciación del Ministerio Público, en orden a calificar los hechos como constitutivos de cinco delitos de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, previstos y sancionados en el artículo 440 N°1 del Código Penal y el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, previsto y sancionado en el artículo 442 N°1 del Código Penal.
En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Varas Sepúlveda al Centro de Detención Preventiva Santiago I, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.
El recurrente fue sorprendido por la policía retirándose de un inmueble en la madrugada y dejando el lugar desprotegido, acto anormal y sospechoso que originó la detención del imputado por el delito de robo en lugar habitado.
El tribunal dio por acreditado, que alrededor de las 15 horas del 28 de julio de 2019, Tapia Tapia concurrió al Mall Plaza, ubicado en calle Maipú N°110 de Copiapó, con la finalidad de sustraer bicicletas.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de La Serena, con declaración que se aumenta el monto de indemnización por daño moral que la demandada deberá pagar la suma total de $4.500.000, manteniendo en 10 UTM el pago de la multa a beneficio fiscal.
El Tribunal de alzada confirmó, con declaración, la sentencia impugnada.
