Los proveedores de acceso a internet que recurran a instalaciones fuera del territorio nacional, solo tienen la obligación de asegurar que exista un intercambio de datos de internet en las instalaciones autorizadas en Chile.
El máximo Tribunal concluye que habiéndose subsanado la falencia que afectaba la presentación de la recurrida, no existen medidas que pueda adoptar sobre el particular.
La iniciativa se funda en las dificultades para poner término a los contratos y dar de baja servicios de telecomunicaciones.
Los delitos referidos a los servicios de telecomunicaciones deben ser sustanciados en el fuero federal.
Propone establecer que los proyectos inmobiliarios que consideren instalaciones de telecomunicaciones deban contar con la capacidad necesaria para que diversos operadores de telecomunicaciones puedan suministrar sus servicios en condiciones competitivas.
El máximo Tribunal advierte la falta de claridad en lo que concierne a los mecanismos de resolución de controversias que se consultan a esta Corte.
El máximo Tribunal ordenó al Tribunal de alzada resolver, como en derecho corresponda, el reclamo de ilegalidad deducido por la empresa, debiendo procederse a una nueva vista y fallo por ministros no inhabilitados.
El Tribunal de alzada mantuvo la sanción de 1.000 UTM aplicada a la empresa por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por no dar cumplimiento a contrato de concesión.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Coquimbo, tras establecer que el alcalde actuó dentro de sus facultades legales al dictar el decreto de demolición.
A causa del incremento sustantivo de reclamos de los usuarios por la calidad del servicio.
