La Constitución y el marco internacional de derechos humanos al que se ha comprometido el Estado colombiano otorgan una especial protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual.

Siempre que se acredite la ocurrencia de actos constitutivos de violencia intrafamiliar o de género durante el proceso de existencia de unión marital de hecho.

El caso se originó tras la decisión de tribunales nacionales de Barbados de absolver a un hombre por el delito de violación, bajo el argumento de que un hombre no puede ser acusado por violación cuando la víctima es otro hombre, pues el cargo aplicable sería la llamada «sodomía» (buggery), la cual persiste en la legislación nacional. Siguiendo ese entendimiento, la victima también podría ser criminalizada desconociéndose la violencia sufrida.

El texto amplía el plazo de prescripción de delitos de carácter sexual, tipifica la figura de incitación al suicidio y determina medidas de protección para evitar la revictimización.