Por Fernanda Basualto, Pontificia Universidad Católica de Chile

En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, impulsada por el impacto de la tecnología digital y el procesamiento de datos, la inteligencia artificial está emergiendo como una tecnología disruptiva y transversal, con el potencial de transformar la sociedad moderna. En este sentido, el abogado, doctor en Derecho y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carlos Amunátegui, se refiere a los posibles usos de estas tecnologías en el mundo jurídico y reflexiona sobre el futuro de la profesión del abogado.

Para Amunátegui, si bien la introducción de mecanismos de inteligencia artificial puede traer grandes ventajas, se debe tener una conducta responsable en la creación y empleo de estos por el peligro de utilizar modelos entrenados en datos sesgados.

Por Constanza Daza Carvallo, Universidad de Chile

La reforma procesal al derecho de familia entra en vigor en 2005 para regular la particularidad de los conflictos entre sujetos procesales que tienen a su vez relaciones de parentesco, que si bien tienen un carácter privado estas presentan un marcado interés público. Bajo nuevos principios que se apartan del proceso civil, tales como oralidad, concentración, desformalización, interés superior del niño, entre otros, se pretendió agilizar los procesos que involucran en muchos casos a niños, niñas, adolescentes y víctimas de violencia intrafamiliar para restituir los derechos vulnerados o interponer medidas de protección.

Con el paso de los años, su aplicación ha suscitado diferentes problemas prácticos, lo que ha llevado a la doctrina ha cuestionar su eficacia actual y pensar en diferentes reformas que permitan llegar a soluciones en vistas a dichos principios, pero también siguiendo opciones metodológicas como la perspectiva de género.

En este espacio trasladaremos el foco de la problemática al momento probatorio dentro del procedimiento de familia, recorriendo las dificultades que se presentan en cada una de sus etapas: conformación de la prueba, valoración de la prueba y estándar probatorio. Se hace necesario así comprender las consecuencias que produce no contar con un estándar probatorio establecido normativamente, y repensar así la necesidad de reformas sobre esta materia desde una perspectiva de género. Para esto reflexionaremos con la profesora de derecho procesal María de los Ángeles González Coulom, Doctora en Derecho en Universidad Autónoma de Barcelona, Diplomado en Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica. Diplomado Derecho Público Económico, Magíster en Derecho mención Derecho Público, Universidad de Chile.

González afirma: “La utilización de estereotipos y prejuicios lo que hace es que las decisiones no sean completamente racionales. Entonces subjetiviza la decisión, y en materia de familia esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí se da a lugar a muchas ideas estereotipadas de relaciones de familia y de los roles que deben cumplir las distintas partes de la familia”.

Por Benjamín Avaria, Universidad de Desarrollo

El 19 de noviembre entró en vigor la ley 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

El Registro de Deudores está compuesto por todos los deudores de alimentos que deben tres cuotas seguidas o cinco discontinuas que fueron informados por los tribunales de familia. Podrán acceder a este registro los deudores y las beneficiarias de los alimentos, a través de su clave única.

Es decir, «el mismo deudor, la persona beneficiaria de la pensión de alimentos o su representante legal y los organismos del Estado. La idea es generar una serie de consecuencias hacia los deudores que se encuentren en este registro”, explica Nicole Sepúlveda, abogada experta en Derecho del Trabajo y fundadora de la consultora psicojurídica “Defiende tus Derechos”, dedicada al Derecho Familiar.

La especialista señala las personas que van a pasar al Registro Nacional de Deudores son aquellas que deben tres cuotas seguidas de los alimentos o cinco discontinuas. Cuando el tribunal de familia se da cuenta de esto emite una resolución. Esta se les notifica a las partes involucradas por medio de una carta a la dirección de contacto que aparezca en el sistema o al domicilio. Desde la recepción, el deudor tendrá tres días para oponerse. Si no se opone o no paga va a pasar directamente a ser deudor de alimentos y a formar parte del registro.

Por  Jorge Limonado, Universidad de los Andes

El 22 de diciembre pasado se ingresó un proyecto de ley que tiene como fin instaurar una modificación al artículo 24 de la ley de telecomunicaciones. Esta acción busca que los servicios de telecomunicaciones se vean sujetos a un plan que los obligue a implementar medidas para proteger a los menores de edad en las distintas plataformas y medios existentes.

El Fiscal del Consejo de Ética de los medios de Comunicación Sebastián Zárate, es tajante a la hora de señalar que no está de acuerdo con el proyecto de ley, tanto desde el punto de vista constitucional, como en temas de fondo. Junto con ello señala que esta norma puede limitar derechos fundamentales, lo que no es coherente con el objetivo de proteger a la infancia. Aun así, recalca que el propósito que persigue es importante y se debe trabajar en ello, utilizando las herramientas disponibles.

Respecto a la necesidad de su implementación, Zárate sostiene que la modificación se “’cuelga’ de aquellas materias que ya están reguladas» además de cuestionar el enfoque de esta, ya que señala que «se toma como un tema tan técnico como la regulación telefónica”, lo que no se condice con el objetivo del proyecto.

Por Santiago Di Giuseppe, U. de los Andes

El abogado y profesor emérito de derecho constitucional en la Universidad de Valparaíso, Lautaro Ríos, ahondó en el proceso constitucional de 2023 tras ser crítico de la carta fundamental presentada el año pasado.

Luego  de que la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara por 11 votos a favor y dos en contra el proyecto de reforma constitucional que permite dar inicio a la elaboración y aprobación de una nueva Constitución, las dudas sobre el futuro de Chile están sobre la mesa. Lautaro Ríos, abogado y profesor de Derecho Constitucional, hizo revisión de algunos de los puntos más relevantes del nuevo proceso y habló con Diario Constitucional sobre su futura participación en este.

Ríos afirma que lo que tiene que hacer la comisión es el mejor proyecto posible de manera de pensar en qué va a pensar la ciudadanía acerca del proyecto que se le está proponiendo, ósea hacerlo lo más perfecto, lo mejor posible para que sea aprobado, pero en todo caso, estar sujeto a revisión me parece una cosa conveniente, porque nunca las cosas por muy buenas que sean resultan perfectas y hay veces que conviene revisarlas.

Por Ignacio Cortés, Bachiller en Ciencias Jurídicas y Sociales U. Central

Por Joaquín Espinoza Estay, UAI

Sobre la reforma previsional que termina con las AFP y modifica el sistema de pensiones.

Por Felipe Silva Barros, U. Central

La ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.

La salud mental es definida por la ley como:

Se entiende por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.

La enfermedad o trastorno mental es definida por ley como:

Se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que presente una determinada persona, que afecte en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.

Persona con discapacidad psíquica o intelectual es definida por ley como:

Es aquella que, teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Más información

Por Daniela Martínez Carvajal, U. Central

Desde siempre, tener hijos ha sido un proceso natural, pero con el avance de la sociedad y la tecnología, ha habido cambios en todo lo que concierne a la concepción, el embarazo y el parto. Por ejemplo, existe la posibilidad de ver el bebé durante la gestación a través de una ecografía desde el principio del embarazo. Esto permite saber precozmente si hay algún problema pero, sobre todo, facilita el apego de los padres con el hijo que esperan. De esta forma, los padres empiezan a sentir por este hijo y a considerarlo uno más de la familia desde el principio. Por lo tanto, cuando se produce un aborto, para los demás puede ser algo con poca importancia, ya que tiende a ser una pérdida socialmente invisible, pero para los padres significa la pérdida de un hijo al que ni siquiera han podido llegar a conocer.

Aquí es cuando aparece el duelo perinatal, que es aquel que surge de la pérdida del bebé durante el embarazo, el parto o los primeros días de vida. Son muy diversas las causas que pueden llevar a una pérdida de este tipo, aunque la mayoría de las veces no se llega a determinar exactamente.

Ante los actuales temas que han estado en la palestra pública el último tiempo, respecto al transporte público, Paola Tapia Salas, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, docente y actual Directora del Transporte Público Metropolitano, nos brinda la siguiente entrevista y responde las interrogantes.

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