Diario Constitucional

En fallo unánime.

Corte de San Miguel confirmó la sentencia que condenó a empresa de trasporte de pasajeros por infringir normativa que regula las funciones de vigilantes privados, al mantener a empleados ejerciendo labores de guardias sin la debida capacitación ni acreditación.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el 1° Juzgado de Policía Local de Puente Alto, con declaración que la multa impuesta se rebaja a 3 UTM.

Por Redacción·09 de octubre de 2020·3 min de lectura
Corte de San Miguel confirma fallo que condenó a empresa de transporte por despido sin justificación de conductor.
Referencial

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia que condenó a la empresa de trasporte de pasajeros STP Santiago S.A. por infringir la normativa que regula las funciones de vigilantes privados, al mantener a tres empleados ejerciendo labores de guardias sin la debida capacitación ni acreditación, en la comuna de Puente Alto.

La sentencia indica que, conforme se desprende del requerimiento materia de autos, la denunciada fue infraccionada por mantener personal que cumplía funciones de guardia de seguridad privada sin capacitación ni acreditación necesaria y sin dar cumplimiento a la directiva de funcionamiento, hechos que configuran la infracción a los artículos 5° bis del Decreto Ley N° 3.607, en relación con los artículos 13 inciso 3° y 15 inciso 2° y 18 del Decreto Supremo 93 del año 1985.

La resolución agrega, que el inciso 1° del artículo 5° bis del referido Decreto Ley, regula el funcionamiento de ‘Las personas naturales o jurídicas que realicen o tengan por objeto desarrollar labores de asesoría o de prestación de servicios en materias inherentes a seguridad, o de capacitación de vigilantes privados‘, exigiendo que para ello deben contar con la autorización previa de la Prefectura de Carabineros, norma que se reitera en el artículo 1° del Decreto Supremo 93 de 1985 del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento del artículo 5° bis del Decreto Ley 3.607. Posteriormente este Decreto Ley agrega en su artículo 8° que las infracciones a esta normativa serán conocidas por el Juzgados de Policía Local y se sancionarán con una multa que oscila entre 25 y 125 ingresos mínimos mensuales en el evento de ser la primera infracción.

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