Diario Constitucional

En fallo dividido.

Corte de Apelaciones de Santiago no hizo lugar a los recursos de nulidad deducidos en contra de la sentencia que condenó a autores del delito de obtención de prestaciones fraudulentas de la Cenabast.

El Tribunal de alzada rechazó las apelaciones deducidas por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en contra de la resolución dictada, en procedimiento abreviado, por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Por Redacción·26 de octubre de 2020·6 min de lectura
Corte de Apelaciones de Santiago no hizo lugar a los recursos de nulidad deducidos en contra de la sentencia que condenó a autores del delito de obtención de prestaciones fraudulentas de la Cenabast.
Referencial

La Corte de Apelaciones de Santiago no hizo lugar a los recursos de nulidad deducidos en contra de la sentencia que condenó a autores del delito de obtención de prestaciones fraudulentas de la Central Nacional de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

La sentencia indica que el ilícito de fraude al Fisco materia de la acusación presentada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, es de los denominados por la doctrina como delitos especiales impropios, esto es, aquellos que pueden ser cometidos por cualquier sujeto, pero en los cuales la calidad especial del partícipe (intraneus) agrava la penalidad, existiendo un tipo residual aplicable a los que no posean dicha cualidad (extraneus).

La resolución agrega que, justamente por revestir el delito antes mencionado la calidad indicada en el motivo anterior, en que existe un tipo penal especial para sancionar a los partícipes que no revisten la cualidad de funcionarios públicos (cuyo es el caso de los apelados), cual es la figura contemplada en el artículo 470 N° 8 del Código Penal, debe precisamente aplicárseles y sancionárseles de acuerdo a ella, por cuanto dicha cualidad especial no se comunica al extraneus, quien debe responder, como ya se dijo, por el tipo residual que fuere aplicable. Aún más, conjuntamente a esta calidad, la ley establece como requisito adicional que el funcionario intervenga en razón de su cargo, es decir, dentro de la esfera de sus atribuciones o competencias específicas, lo que evidentemente excluye a los que no son funcionarios públicos.

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