CS rechazó uno y declaró inadmisible el segundo recurso de casación presentados en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia que acogió la demanda de reivindicación de terreno ubicado en la ciudad de Concepción.

En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó uno y declaró inadmisible el segundo recurso de casación presentados en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia que acogió la demanda de reivindicación de terreno ubicado en la ciudad de Concepción.

La sentencia indica que, en relación al otro de los alegatos, ya en cuanto al fondo del asunto, debemos recordar que el Decreto Ley N°2695 se constituye en un sistema de regularización de la propiedad, fundado en la posesión material de un bien. En lo que importa a este asunto, el artículo 15 del cuerpo legal en análisis, establece expresamente que: ‘La resolución del Servicio que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el interesado adquirirá la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas. Transcurridos dos años (o uno, a la fecha de la interposición de esta demanda) completos de posesión inscrita no interrumpida, contados desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

La resolución agrega que, por su parte, el artículo 16 regula los efectos de la inscripción referida. Indica que ‘Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo precedente, expirado el plazo de dos años (o uno, a la fecha de esta demanda) a que esa disposición se refiere, prescribirán las acciones emanadas de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el de hipotecas relativos al inmueble inscrito de acuerdo con la presente ley. Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble, así como la de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban, una vez transcurrido el citado plazo de dos años (o uno, en este caso), se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que por ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan‘. La Corte recurrida bien lo resume, como vimos en el motivo tercero precedente.