En audiencia celebrada ante el Pleno de Ministros del Tribunal Constitucional, se celebró la audiencia de fondo respecto de un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto del artículo 31, inciso primero, de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Carlos, en los que la requirente se encuentra actualmente formalizado por los delitos de Violación de Secretos y Cohecho, tipificados en los artículos 247 bis y 248 del Código Penal.
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Se anunciaron para alegar, por la parte requirente, el Abogado Juan Carlos Manríquez Rosales; por la parte querellante, el Abogado Remberto Valdés Hueche; por el Ministerio Público, Francisco Soto Donoso; y por la parte del Consejo de Defensa del Estado, la Abogada, Mariella Dentone Salgado.
Cabe recordar que la requirente estima que el precepto impugnado infringiría su libertad personal, toda vez que se genera un gravamen injusto y desproporcionado que la requirente no está obligada a soportar, conforme a los derechos reconocidos constitucionalmente, entre ellos, su derecho a la libertad personal. Agrega que esta situación lesiva se producirá porque la norma legal impugnada permite que la requirente permanezca privada de libertad y sin poder acceder a un control o tutela judicial efectiva de dicha medida. Asimismo, considera vulnerado el debido proceso, puesto que se ha visto enfrentado a un proceso absolutamente injusto e irracional, en el que se le pretende mantener bajo las reglas del secreto por largos meses, casi un año, en calidad de imputado y en prisión preventiva, sin poder ejercer defensa alguna; en la más absoluta indefensión. De esta manera, la requirente complementa lo señalado arguyendo que no se le permitirá “movimiento alguno” en la causa en la que aparece como imputado, por un plazo cercano a un año, situación que bien puede entenderse como equivalente a la condición del condenado por la comisión de delitos que se le imputan, aun antes de que haya podido presentar su defensa.
Finalmente, se pospuso la adopción del acuerdo, decretándose medidas para mejor resolver, consistentes en: (1) oficiar al Ministerio Público, para que informe con precisión la(s) imputación(es) efectuada(s) al requirente de inaplicabilidad; (2) oficiar al Juzgado de Garantía de San Carlos, a efectos de que remita copias autorizadas de las piezas principales de la gestión pendiente seguida, ordenando la reserva de dichas piezas.
Vea texto íntegro del expediente, Rol N° 9279-20.