Corte de Valdivia declara cese del contrato de arrendamiento entre particulares y una comunidad indígena.

La Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la sentencia del Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli que rechazó una demanda de término de contrato de arrendamiento interpuesta por una comunidad indígena en contra de tres arrendatarios.

El conflicto surge en 1989 luego que se celebrara un contrato de arrendamiento de predio rústico y promesa de compraventa entre una comunidad indígena de la comuna de Panguipulli y un empresario con una duración de 99 años renovables por periodos iguales, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Panguipulli. En 1990 el contrato fue modificado pasando a ser los arrendatarios 3 personas con una proporción de un tercio del terreno. El año 2014 la comunidad indígena demandó el término del contrato de arrendamiento referido, por ser contrario a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N°19.253, que señala que las “tierras indígenas” no pueden ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. La comunidad solicitó que se ponga término al contrato de arrendamiento, que se ordene cancelar las inscripciones y sub inscripciones que gravan el predio y la restitución de las tierras.

El Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli rechazó la demanda en todas sus partes, para lo cual tuvo presente que la Ley N°19.253 entró en vigencia el año 1993, cuatro años después de la celebración del contrato de arrendamiento discutido, y no posee efecto retroactivo en conformidad a las reglas del Código Civil y la ley sobre efecto retroactivo de las leyes. Agrega la sentencia, que si bien la Ley N°19.253 tiene como fin el prohibir los abusos contractuales que se den entre privados y comunidades indígenas, en la historia de dicha ley no se hace referencia a que sucede con los contratos que se encontraban vigentes al momento de publicarse, y solo existe el artículo 14 transitorio, el cual indica que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena hará un estudio acerca de los contratos de arrendamiento superiores a diez años vigentes al momento de la publicación. Por lo cual no existe una infracción legal por parte de los contratantes y no procede la causal de terminación del contrato de arrendamiento.