CGR determinó que Superintendencia de Educación posee atribuciones para fiscalizar hechos que vulneren la prohibición de propagar tendencias político partidistas a menores en los centros de educación.

Se dirigió a la Contraloría General de la República, don Patricio Cerda Adaro, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Educación, y doña Susana Medina Godoy, secretaria nacional de la misma agrupación, consultan acerca de la legalidad y alcance de la medida adoptada por el Ministerio de Educación -MINEDUC- con ocasión de las denuncias recibidas por “adoctrinamiento político” a menores en establecimientos educacionales, ya que según los antecedentes que acompañan, la indicada secretaría de Estado habría solicitado conocer el estado de las acciones llevadas a cabo por esa superintendencia, a raíz de los hechos denunciados.

Añaden los ocurrentes, que la Superintendencia de Educación carecería de competencia para conocer y resolver respecto de tales materias, las que, según su parecer, deberían ser canalizadas por la vía judicial, a través del recurso de protección, y no ser atendidas en sede administrativa.

Finalmente, hacen presente la existencia de un proyecto de ley, ingresado en la Cámara de Diputados bajo el Boletín N° 13154-04, para modificar la ley N° 20.529 y establecer como infracción grave -y sancionar en consecuencia- la propagación de tendencias político partidistas en el proceso de enseñanza, lo que evidenciaría que aquella temática no es de competencia de la Superintendencia de Educación, por no estar actualmente regulada en el ordenamiento jurídico.