Juzgado de Cipolletti condenó a un sindicato y sus afiliados a indemnizar los daños ocasionados al empleador en el ejercicio de una huelga.

El fallo indica que la actora inició acción ordinaria por la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por los demandados por el accionar ilegal y arbitrario que llevaran a cabo, en cuanto les imputó a los mismos la obstrucción del acceso al establecimiento del Casino Crown, impidiendo de este modo el ingreso y egreso de personal y clientes, lo que llevó a la imposibilidad del normal funcionamiento del casino. Sostuvo que tal impedimento se hizo efectivo durante la noche del 5 de febrero de 2011, extendiéndose el mismo en forma ininterrumpida hasta el día 23 de febrero del mismo año, imputándole a los demandados el ejercicio abusivo del derecho de huelga, impidiendo operar comercialmente en su actividad de explotación de juegos de azar y gastronomía en forma completa que opera Crown Casino S.A., durante el lapso antes indicado.

Los demandados adujeron que la medida se desarrolló en forma pacífica, habiéndose apostado las personas que participaron de la misma en la entrada del casino, del lado de afuera y a los efectos de reclamar por la reincorporación del trabajador que indica, quien -a su entender- había sido despedido sin causa. Añadieron que el objetivo fue hacer visible la persecución sindical desplegada por el Casino Crown atento no reconocer al SECNER como gremio que representa los intereses de los trabajadores de casinos de la provincia de Río Negro. Asimismo, indicaron que solo se apostaron delante de la empresa y pretendían entregar panfletos a los clientes que se acercaran para que tomaran conocimiento del despido injusto de su compañero, pero las puertas del casino fueron cerradas por decisión propia de la actora y, por tanto, las consecuencias que ello produjo son entonces a causa de su propio accionar.

Agrega que el Tribunal Superior de Justicia declaró el sobreseimiento de la causa seguida en contra del Secretario General del Sindicato por tales hechos, precisando que ello supone inequívocamente tanto la existencia del hecho, como la autoría por parte del acusado. Justamente, fue en base al delito comprobado y la pena máxima que correspondía a su autor que se resolvió la absolución del imputado por prescripción de la acción.