Diario Constitucional

No hubo ilegalidad ni arbitrariedad.

CS confirma sentencia que desestimó recurso de protección contra calificación de origen laboral de trabajadores contagiados y casos probables de COVID-19.

Las recurridas deben velar por la vida y seguridad de los trabajadores por mandato legal.

Por Redacción·18 de mayo de 2021·5 min de lectura
Responsabilidad de empresa principal se extiende al pago de la indemnización por lucro cesante por el término improcedente de un contrato de trabajo por obra o faena.
Referencial

La actora denunció la vulneración de las garantías previstas en el artículo 19 N° 2, 3, 24 y 26 de la Constitución, a raíz de la calificación de origen laboral de contagios y casos probables de sus dependientes y de la imputación de dicha calificación al aumento de la siniestralidad y, con ello, al índice de enfermedades profesionales que registra.

Alegó que la Superintendencia de Seguridad Social, arbitraria e infundadamente, cambió el criterio sobre la determinación de siniestralidad cuando se trata de un caso probable y cuando se trata de un caso confirmado, a causa o como consecuencia del trabajo, provocando el alza de la cotización del seguro de la Ley N°16.744 para el próximo bienio, así como el aumento del índice de siniestralidad que sirve para demostrar la seguridad en el trabajo ante cualquier proceso de postulación, sin considerar las medidas de prevención adoptadas. Adicionalmente, sostuvo que la SEREMI de salud del Biobío también cometió un acto arbitrario, por cuanto siendo el órgano que califica los contactos y la trazabilidad como propia del contexto del trabajo, para que posteriormente el órgano de salud laboral defina si el determinado caso probable o confirmado fue de origen común o laboral, no valoró ni evaluó los informes que recibió de la fiscalización los cuales demostraban la falta de contacto en el trabajo o con ocasión del mismo entre el caso cero con los otros contactos detectados, emitiendo una resolución infundada y no comunicada. Por último, imputa como actos arbitrarios cometidos por el Instituto de Seguridad del Trabajo, aquellos en virtud de los cuales calificó de origen laboral los casos confirmados y probables, dada la falta de fundamentación de la resolución.

Las recurridas sostuvieron que sus actuaciones se desarrollaron conforme a las políticas de salubridad pública que ha tomado el Ministerio de Salud, en razón de la pandemia por COVID-19 que azota al país, y en virtud de ello se han dado instrucciones conforme se han ido desarrollando los acontecimientos y tomado decisiones que dicen relación con salvaguardar el contagio en los lugares de trabajo.

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