CS confirma fallo que declaró improcedente sanción de nulidad de despido de funcionario público contratado a honorarios.

La Corte Suprema rechazó los recursos de unificación de jurisprudencia interpuestos por las partes, en contra de la sentencia que acogió demanda de despido injustificado, declaró la existencia de relación laboral y ordenó el pago de prestaciones, pero desestimó la pretensión de sanción de nulidad del despido de funcionario contratado a honorarios por la Subsecretaría de Transportes.

La sentencia sostiene que respecto de la materia de derecho planteada por la parte demandante, se debe señalar que si bien se constata la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia, esta Corte considera que no procede unificar jurisprudencia, por cuanto, con similares fundamentos, coincide en la decisión de rechazo de la pretensión relativa a la misma.

La resolución agrega que, esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto en cuestión, señalando que si bien es indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa y, en consecuencia, la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado –entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575–, pues, a juicio de esta Corte, en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.