Facultades administrativas.
Recurso de protección deducido contra Intendente y Gobernadora por no adoptar medidas para recuperar el inmueble tomado por un campamento, es rechazado.
Las autoridades no tienen la obligación legal de requerir el auxilio de la fuerza pública para que el recurrente pueda recuperar su inmueble, pues se trata de una propiedad privada y no un bien de uso público ni fiscal.
La Corte Suprema confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Arica, que rechazó el recurso de protección deducido en contra del Intendente de la Región de Arica y Parinacota y de la Gobernadora de la Provincia de Arica, por no adoptar medidas para recuperar un inmueble tomado por un campamento.
En su libelo, el recurrente expuso que su madre, sus hermanos y él son dueños de un terreno, el cual fue ocupado ilegalmente por terceros, quienes se han negado hacer abandono del mismo, manifestando su intención de instalar viviendas en aquel lugar, a pesar de existir una denuncia de delito de usurpación en su contra.
Refirió que según lo establecido en los artículos 2º y 4º de la Ley 19.175, la autoridad Regional y Provincial están obligadas a restablecer el orden público, requiriendo el auxilio de la fuerza pública para recuperar el inmueble, pero las recurridas no han adoptado acciones al respecto.
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