El municipio ordenó directamente desocupar el espacio que ocupa un carro en un parque que previamente había autorizado sin que exista acto administrativo previo que revocara el permiso, lo que vulnera el derecho a desarrollar una actividad económica lícita del recurrente.
Precisa que durante todo el procedimiento de retiro –y eventual desalojo- se deberán respetar y resguardar la dignidad e integridad de los ocupantes irregulares, quienes deberán ser debidamente informados de las medidas en su contra.
El máximo Tribunal adopta esta decisión al verificar que la aplicación irrestricta de la ley 21.249 (que imposibilitó el corte de servicios básicos durante parte de la pandemia) beneficia a los ocupantes irregulares del inmueble de la recurrente, pues se generaron deudas a su nombre por consumos que realizaron los primeros.
Las facultades de resguardo de bienes estatales con las que está revestida la Delegación Presidencial, únicamente alcanza a aquellos que son nacionales de uso público. Por lo que la supuesta ocupación ilegal de un terreno fiscal debe ser conocida y resuelta por los tribunales con competencia en lo civil.
Los inmuebles fiscales que no cumplen con esta calidad deben ser reivindicados mediante las acciones posesorias, como lo indica el artículo 19 del DL N°1.939.
En procedimientos de desalojo las autoridades deben adoptar acciones para proteger el goce efectivo del derecho a la vivienda de la población ocupante, pues son sujetos de extrema vulnerabilidad.
El acto constituye un acto de autotutela. La empresa debe acudir a tribunales civiles para solicitar la restitución de la propiedad.
Sin un acuerdo entre partes o una sentencia firme que lo ordene, el retiro de bienes de un local arrendado con rentas impagas constituye un acto de autotutela.
Dejó sin efecto resolución de Juzgado de Garantía que dispuso el desalojo del inmueble reclamado por una empresa sanitaria por estimar afectada la libertad ambulatoria del actor al disponer injustificadamente que debe hacer abandono del lugar que habita.
El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional al establecer que los recurridos actuaron según la normativa vigente con el objetivo de “proteger el derecho a la vida, la integridad física y la salud de personas que viven en terrenos con alta toxicidad”.
El acto fue motivado por la decisión de un órgano jurisdiccional.
