Derecho a desarrollar cualquiera actividad económica.
Recurso de amparo económico deducido contra Universidad de Magallanes por poner término anticipado a contrato, es rechazado.
La imposibilidad de participar en nuevas licitaciones públicas no resulta una afectación a la garantía del actor, por cuanto puede desarrollar su actividad con otras entidades.

La Corte Suprema aprobó la sentencia pronunciada por la Corte de Punta Arenas, que rechazó el recurso de amparo económico deducido por un contratista en contra de la Universidad de Magallanes, por cuanto puso término anticipado a la obra que le fue adjudicada, debido a la extensión del plazo ofertado para su ejecución.
En su libelo, el actor explica que, en el mes de julio del año 2021 la Universidad aprobó la resolución que puso termino anticipado a la obra “Ampliación y Modificación Camarines y Baños”, por superar un máximo de 25% del plazo ofertado en la ejecución de la misma, lo que derivó en el cobro de la póliza de garantía, cuyo valor asciende a $9.650.000.-
Señala que la ejecución de las obras las inició a fines del año 2019, pero se mantuvieron paralizadas a raíz de la emergencia sanitaria y las constantes cuarentenas, entre el 21 de agosto del año 2020 y el 19 de enero del año 2021, cuando restaban dos días para el vencimiento del plazo legal para su finalización. Por esta razón, solicitó la recepción provisoria de la obra, oportunidad en que la Unidad Técnica la rechazó.
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