Contrato administrativo.
CS resuelve que término anticipado de contrato administrativo no es una manifestación de la potestad sancionatoria, sino una estipulación contractual a favor de la Administración.
Esta figura se puede entender como una cláusula penal en su beneficio en cuanto acreedora, permitida por el artículo 11 de la Ley 19.886 y el artículo 79 ter, inciso 1º, de su Reglamento.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Santiago, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por una empresa de paisajismo en contra la Municipalidad de Santiago, que puso término anticipado a tres contratos de servicio de mantención de áreas verdes.
La Corte de Santiago rechazó la acción, en vista que el acto reclamado “ha sido dictado por la autoridad competente, en el ejercicio de sus atribuciones, además de encontrarse debidamente fundado, no sólo desde un punto de vista formal, sino que de fondo, por cuanto los pilares del mismo han guardado relación con las bases de licitación que unían a las partes, limitándose la autoridad a ejercitar libremente las facultades y poderes discrecionales de que está investida”.
En cuanto al mérito, gravedad y trascendencia de la conducta que la Municipalidad le atribuyó a la reclamante para poner término al contrato, estima inapropiado el recurso intentado para “escrutar cuestiones que son propias de un proceso de lato conocimiento, más cuando solo cabe entender que el municipio actuó legalmente, por cuanto la regulación que rige a las partes establece precisamente su derecho para poner término administrativo en forma anticipada al contrato, en atención a la calificación que el propio edil realice”.
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