El Tribunal Constitucional admitió a tramite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados de Vox en contra de, entre otros, el artículo primero, apartado 1, del Decreto-ley 5/2021 que modificó la Ley de Salud Pública de las Baleares y en contra del Decreto ley 11/20 por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el Covid-19.
El primer precepto establece que, en situaciones de pandemia, el Consejo de Gobierno podrá adoptar medidas tendientes a evitar la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios. Para lograr este fin, el Consejo puede, entre otras cosas, confiscar productos; suspender actividades; cerrar empresas o sus instalaciones; limitar el aforo; limitar horario de apertura y/o cierre de establecimientos; elaborar protocolos y, en definitiva, adoptar “cualesquier otras medidas ajustadas a la legalidad vigente y sanitariamente justificadas.”
Los recurrentes consideran que los cuerpos normativos impugnados vulneran el contenido esencial de los derechos fundamentales y exceden, a todas luces, las competencias de la Comunidad Autónoma. Al respecto, consideran que esta se atribuyó poderes propios del Estado central.
Por otra parte, refieren que el cuerpo legal impugnado efectúa una reiteración de preceptos constitucionales. Al respecto, señalan que “es constante la doctrina constitucional que considera que la reproducción o reiteración en leyes autonómicas de preceptos de normas estatales es una técnica legislativa deficiente y peligrosa, inadecuada al sistema de fuentes del derecho 58 establecido en la Constitución”.
El Tribunal Constitucional confirió traslado al Congreso de los Diputados y al Senado a objeto de que, en el plazo de 15 días puedan formular las alegaciones que estimen convenientes.
Vea resolución que admite a trámite el requerimiento de Vox.
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