Tribunal Constitucional de España declara que la prisión permanente revisable se ajusta a la Constitución y no vulnera el principio de reinserción social.

El Tribunal Constitucional publicó la sentencia por medio de la cual rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del PSOE en contra de la ley que modificó el Código Penal estableciendo la prisión permanente revisable. En concreto, uno de los preceptos impugnados establece el cumplimiento penitenciario mínimo de 25 años y de 28, 30 y 35 años –respectivamente– en los casos de pluralidad de condenas, terrorismo y organización criminal.

Los recurrentes alegan que la pena de prisión permanente revisable entra en conflicto con la interdicción constitucional de las penas inhumanas o degradantes atendido a, por una parte, su duración temporal (ante la posibilidad de que acabe abarcando toda la vida del condenado) y, por otro lado, a la especial intensidad de los sufrimientos psíquicos y morales que su cumplimiento puede infligir en el condenado derivados, precisamente, de su duración temporal.

El Tribunal Constitucional considera que la prisión permanente revisable responde a la necesidad de una respuesta extraordinaria frente a delitos extraordinarios. Al respecto, precisa que su fin responde a la “necesidad reforzada de inocuización del delincuente ˗prevención especial˗ que trasluce nuevamente un juicio de insuficiencia del sistema de penas precedente, que abocaba a la excarcelación del penado al vencimiento del término de la condena o del límite de acumulación jurídica de las condenas pendientes de cumplimiento”. Aún más, refiere que la pena permanente pretende “evitar la reincorporación a la sociedad de penados que no se hayan rehabilitado y que presenten un pronóstico sombrío de comportamiento futuro.”