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Derecho a la educación.

Proyecto de ley perfecciona el proceso de validación de estudios de enseñanza no formal, mediante la rendición de exámenes libres.

Las deficiencias evidenciadas en el actual proceso de validación constituyen una vulneración al derecho a la educación y una discriminación arbitraria entre los estudiantes del sistema formal y aquellos que no lo son.

3 de febrero de 2022

La moción, patrocinada por las Diputadas Cristina Girardi, Camila Rojas y Camila Vallejo, y el Diputado Gonzalo Winter, perfecciona el proceso de validación de estudios de enseñanza no formal, mediante la rendición de exámenes libres.

El proyecto indica que la Ley General de Educación establece que la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Asimismo, dispone que la educación se manifiesta a través de enseñanza formal o regular, de enseñanza no formal y de la educación informal.

Define que la enseñanza formal o regular es aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial, constituyéndose por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo, mientras que la enseñanza no formal es un proceso formativo, que se realiza por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado, y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación.

En cuanto a la educación alternativa, refiere que se caracteriza por el uso de metodologías de enseñanza, evaluación y promoción diferentes a las que priman en el modelo tradicional, y que se cristaliza muchas veces en instituciones educativas denominadas “escuelas libres”, las cuales no son reconocidas por el Estado, lo que tiene como consecuencia que no reciben subvención por parte de éste y no pueden certificar estudios.

Sostiene que los exámenes de validación de estudios son el único camino para aquellos estudiantes quienes voluntariamente quieren certificar sus aprendizajes y nivel educativo, correspondiéndole al Ministerio de Educación, por medio de la División de Educación General y/o SEREMI, el desarrollo de una política para la práctica de exámenes libres.  En tal contexto, el MINEDUC actúa tanto como entidad certificante, mediante la entrega de las licencias de educación media, como instancia de resolución de los conflictos que se generen a propósito de las solicitudes.

A pesar de la normativa que rige el proceso, se han denunciado una serie de problemas generalizados, a saber,  información poco clara, particularmente en cuanto a los plazos; irregularidades en el instrumento de evaluación de la certificación, ya que se han constatado pruebas que miden objetivos de aprendizaje de niveles superiores o de objetivos que no están en el temario de exámenes libres, con una clara distancia del currículum que se debía evaluar; falta de transparencia en el proceso, en orden a que los ítems de cada prueba y sus respectivas pautas de corrección tienen carácter restringido, no estando disponibles para libre consulta de público; falta de adecuaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales; inexistencia de una opción de repechaje; las familias deben pedir que se suban las notas a la plataforma del MINEDUC, no es automático (como sí ocurre en la escuela regular); y ausencia de fiscalización de todos los problemas anteriores.

Sostiene que tales deficiencias, en especial la falta de transparencia del proceso y la precariedad del instrumento evaluativo, constituyen una vulneración al derecho a la educación de los niñas, niños y adolescentes, así como una discriminación arbitraria entre aquellos estudiantes del sistema formal y aquellos que no lo son. Por su parte, la situación de estudiantes con necesidades educativas especiales a quienes no le realizan las adecuaciones curriculares correspondientes, constituye una práctica anti inclusiva que vulnera gravemente sus derechos.

Por ello, propone mejorar el proceso de validación de estudios, garantizando que éste sea justo, eficaz y transparente y se respete el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes que se encuentren fuera del sistema regular; pudiendo realizarse, al menos, en dos oportunidades al año, de forma independiente, según las fechas que determine el MINEDUC; contando con instrumentos evaluativos que procurarán cumplir con la calidad requerida en términos pedagógicos (adecuados al estudiante), disciplinares (enfocados en los contenidos y objetivos de aprendizaje correspondientes), y técnicos (en virtud de los principios de construcción de instrumentos evaluativos transparentes y válidos), y  que serán públicos una vez aplicados, pudiendo solicitarse la recorrección. Asimismo, establece la realización de las adecuaciones curriculares pertinentes a los instrumentos de evaluaciones y condiciones de rendición, tratándose de estudiantes con necesidades educativas especiales, conforme

 

Vea Boletín N°14810-04 y siga su tramitación aquí.

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