La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Concepción, que rechazó el recurso de protección interpuesto por un particular en contra de la madre de sus hijos y de la escuela a la que asisten, por decidir vacunar a los niños en contra del Covid-19.

El actor interpuso recurso de protección en contra de la madre de sus hijas y del Liceo Municipal Río Claro, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para impedir que los recurridos obliguen a las menores de edad (de 10 y 8 años respectivamente), a inocularse con las vacunas para tratar el Covid-19 en contra de su voluntad, ya que en su opinión, se trata de una vacuna experimental cuya efectividad no está comprobada, por lo que les podría generar graves trastornos, poniendo en riesgo su vida, además de ir en contra de sus creencias religiosas.

Añade que las niñas viven con su madre, quien posee el cuidado personal, y que ella le comunicó que vacunaría a las niñas porque en el colegio se lo exigían para entrar a clases. Sostiene que esta acción vulnera su libertad de conciencia y los valores católicos que pretende inculcar en sus hijas, como la fe en Dios y la palabra del Señor, razón por la cual se niega que sean vacunadas con agentes que considera como tóxicos, vulnerando sus derechos a la vida, la igualdad ante la ley y su libertad de conciencia y la de sus hijas.

En su informe, la madre expresa que en ningún momento le comunicó al actor que el colegio estaba condicionando la matricula de las niñas con el hecho de estar vacunadas, es más, en la escuela han recibido el mismo trato que los niños vacunados. De igual forma, argumenta que, si decidió vacunar a las menores, es porque ella es la responsable de la integridad de su salud, y no puede desconocer los mandatos que la ley hace en cuanto al cuidado que los padres deben a sus hijos, tampoco puede desconocer la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado de Chile a asegurar los cuidados y protección en salud necesarios para los infantes.

Por su parte, el liceo expresó que las niñas tienen matricula vigente y que ellos únicamente se limitan a brindar acceso al plan de vacunación a quienes voluntariamente deseen inocularse, ya que comprenden que no es un acto obligatorio, y que, frente a la discrepancia de los padres, la institución sólo puede orientarlos a que se pongan de acuerdo, pero no decide por ellos.

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Al respecto, la Corte de Concepción sostiene que, “(…) no se aprecia ilegalidad alguna en la actuación de los requeridos, toda vez que se han sometido en su actuación, a la ley, a la Constitución y a los tratados internacionales, al pretender otorgar el más alto estándar de protección a la salud de las niñas; la, madre adoptando la decisión de vacunarlas, y el Liceo Municipal Río Claro, facilitando la infraestructura necesaria para proceder a la vacunación masiva del alumnado del establecimiento, cooperando con la política nacional de vacunación”.

Agrega que, “(…) la adscripción por parte de la madre de las niñas a las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, resulta, además, racional, ya que se encuentran justificadas en el conocimiento científico que en los hechos –como es público y notorio en nuestro país- ha dado resultados hasta ahora beneficiosos para la población, como, asimismo, en las políticas públicas adoptadas con motivo de dicha experiencia científica; decisión que merece ser estimada como la adecuada para el abordaje de la salud de las niñas, en relación a la situación de salud que afecta al mundo”.

En virtud de lo anterior, refiere a que deben ponderarse los derechos individuales invocados por el padre, versus los derechos de resguardo ejercidos por la madre, concluyendo que, “(…) la decisión de la madre es la que mejor resguarda no tan sólo el bienestar de las niñas, sino, además, el bien común de la población toda, y, desde esta precisa perspectiva, el ejercicio de este derecho viene a predominar por sobre las libertades individuales que se invocan en favor del recurrente”.

En mérito de lo expuesto, rechazó el recurso de protección al no considerar como ilegales los actos acusados por el actor; decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en alzada.

Vea las sentencias de la Corte Suprema Rol N°3.650-2022 y Corte de Concepción Rol N°12.831-2021.