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Imagen: La Nación.
Corredor de la muerte.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a condenado a muerte en Oklahoma.

El Estado no controvirtió las condiciones de aislamiento del condenado.

11 de marzo de 2022

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares en favor de un condenado a la pena capital en el Estado de Oklahoma, Estados Unidos (EE. UU.).

Lo anterior tras considerar que el condenado se encuentra efectivamente en una situación grave y urgente, por un daño inminente e irreparable de sus derechos a la vida e integridad debido a las condiciones de aislamiento en que lo han mantenido por más de 23 años.

La CIDH recordó que la pena de muerte ha sido objeto de un estricto escrutinio en el sistema interamericano, lo que ha permitido que los Estados que aún la mantienen vigente limiten su aplicación debido al reconocimiento del derecho a la vida como el derecho humano supremo y como la condición sine qua non del disfrute de todos los demás derechos, por lo que se requiere de una prueba de mayor escrutinio para asegurar que cualquier privación de la vida que pueda ocurrir por la aplicación de la pena de muerte cumpla estrictamente con los requisitos de los instrumentos interamericanos de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión advierte que el derecho al debido proceso juega un papel fundamental para garantizar la protección de los derechos de las personas condenadas a la pena capital, por ello, los Estados están obligados a asegurar el ejercicio del derecho a un juicio justo, asegurar el más estricto cumplimiento del derecho a la defensa y el derecho a la igualdad y no discriminación.

Por otro lado, la CIDH observó que las condiciones en que se encuentra el condenado, bajo un régimen de aislamiento superior a veintitrés años, constituyen una forma de tortura, trato inhumano y una pena cruel, infamante e inusitada en su perjuicio, con un severo e irreparable impacto en su integridad personal y, particularmente, en su salud mental, por lo que, prima facie, es posible concluir que sus derechos se encuentran en riesgo debido a la posible ejecución de la pena de muerte y sus efectos subsecuentes en la petición que se encuentra actualmente en estudio por la Comisión, así como por sus actuales condiciones de detención en régimen de aislamiento en el pabellón de condenados a muerte y su impacto sobre los derechos a la vida y a la integridad personal del propuesto beneficiario.

En definitiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que los riesgos para los derechos del condenado requieren de medidas inmediatas dada su detención en régimen de aislamiento en el corredor de la muerte y ante la posible ejecución de la pena capital que tienen un impacto potencial e irreparable en su derecho a la vida e integridad.

 

Vea texto de la resolución.

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