Actuación de la Dirección del Trabajo al fijar el alcance del artículo 56 de la Ley N°21.109 se ajusta a derecho.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago y rechazó la acción de protección deducida en favor de la Corporación Educacional Godoy Carrasco, en contra de la Dirección del Trabajo por la dictación de un dictamen que impone obligaciones laborales retroactivas.

En su libelo, la recurrente se remite a la Ley N°21.109, que “Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública”, modificada por la Ley N°21.152, que agregó un nuevo artículo 56 al primer estatuto, fijando la forma de vacaciones de los asistentes de la educación que prestan servicios en “establecimientos particulares subvencionados”. Aduce que esta última disposición, fue objeto de análisis por la Dirección del Trabajo, a través del Dictamen número 3445/022, que descartó a los que funcionarios que realizan tareas administrativas o auxiliares.

Arguye que, posteriormente se publicó la Ley N°21.199, interpretativa del artículo 56 de la Ley N°21.109, conforme la cual la recurrida emitió el Dictamen impugnado, que dejó sin efecto la distinción establecida por el dictamen anterior, no obstante, impone al empleador otorgar a los asistentes de la educación excluidos, los días de feriado previstos en la Ley N°21.109.