Probidad administrativa.
Declaraciones públicas del Ministro Giorgio Jackson afectan su deber de prescindencia de cara al plebiscito de salida, afirma el Contralor General de la República.
A pesar de que SEGPRES ejerce funciones de carácter político, y en este sentido se vincula con distintos actores –partidos, Congreso Nacional, etc.-, la Contraloría no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado pueden tener las acciones del gobierno, aun en el ejercicio formal de sus atribuciones.

El Prosecretario Accidental de la Cámara de Diputadas y Diputados –a requerimiento de la diputada Joanna Pérez y el diputado Eric Aedo- y el abogado Marcelo Brunet, en presentaciones separadas, denunciaron ante la Contraloría General de la República la vulneración a los principios de juridicidad y probidad por las declaraciones públicas emitidas por el Ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, el 2 de agosto del 2022, respecto a eventuales reformas sobre la propuesta constitucional a plebiscitar en caso de triunfar el apruebo, y por intervenir en el proceso electoral y actuar coordinando a los partidos oficialistas.
Requerido informe al SEGPRES, esta señaló que las declaraciones del Ministro en que se compromete a recepcionar –con estricta prescindencia- las propuestas de los distintos sectores políticos para luego crear un documento único de compromiso de reforma al texto constitucional que se plebiscitara el 4 de septiembre próximo, corresponde a una concreción del mandato que le encomienda la ley 18.993 en su rol de cartera asesora, coordinadora y planificadora de decisiones políticas.
El ente contralor, antes de emitir su opinión jurídica, recuerda su dictamen N°E208180N22 –que contiene las instrucciones sobre el plebiscito de salida del artículo 142 de la Constitución-, que las autoridades, jefaturas, funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública, no deben promover algunas de las posturas del plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con algunas de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre particulares con el objeto ni, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitadas.
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