TJUE declara su conformidad con la legislación valenciana que da preferencia a entidades sin fines de lucro para proveer servicios sociales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se pronunció sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (España), que remitió los antecedentes para que resolviera sobre la interpretación del Decreto autonómico 181/2017 y otras normas secundarias.

El caso se suscitó a raíz de un recurso deducido por la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), que impugnó el Decreto y la Ley 2962/1997 por considerar que “(…) son contrarios al Derecho de la Unión, puesto que excluyen a las entidades con ánimo de lucro de la posibilidad de prestar determinados servicios sociales de asistencia a las personas en el marco de una acción concertada, mientras que sí permite a cualquier entidad sin ánimo de lucro prestar tales servicios a cambio de una retribución, sin que tengan que pasar por un proceso competitivo transparente que garantice la igualdad de trato entre los operadores económicos interesados”.

Tras realizar una síntesis de la legislación comunitaria y española atinente al caso concreto, el TJUE indica que, por regla general, las actividades de las entidades gestoras de seguridad social no pueden ser consideradas actividades económicas cuando se rigen por el principio de solidaridad y están sujetas a control estatal.