Que un medicamento no esté cubierto por el convenio oncológico, no vulnera garantías constitucionales, ya que no resulta esencial para mantener con vida a la paciente, resuelve la Corte de Santiago.

La Corte de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por una mujer que padece cáncer cérvico uterino, en contra del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, por haber excluido un medicamento del tratamiento de quimioterapia.

La recurrente alega que, una vez realizado el segundo ciclo de quimioterapia, tomó conocimiento de que el medicamento “BEVACIZUMAB” no estaba cubierto por el convenio oncológico, situación que vulnera garantías constitucionales, tales como, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, así como la prohibición de infligir apremios ilegítimos, ya que deberá pagar un total de $16.689.216 por el medicamento.

La recurrida informó que, sin perjuicio de que los hechos dicen relación con cuestiones que le competen a la Isapre Cruz Blanca y; que ningún médico le prescribió el medicamento, éste último es absolutamente irrelevante para la enfermedad de la paciente, ya que tiene un “Cáncer Metastásico, Crónico-incurable”, fuera del alcance terapéutico, cuya enfermedad alcanzó su fase terminal, no existiendo, por tanto, un medicamento que le pueda salvar la vida.