Valoración de la prueba.
Tribunal Supremo de España absuelve a ex alcalde y ex concejal de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por intentar pavimentar la calle en la que vivía la ex edil.
Los términos injusticia y arbitrariedad deben entenderse aquí utilizados con sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo que el autor actúe a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos, el carácter arbitrario de la resolución.

El Tribunal Supremo de España, acogió un recurso de casación en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que condenó al ex alcalde y un ex concejal de Valladolid por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El caso tiene su origen luego que en diciembre de 2015 se publicaran las bases para la ejecución de obras públicas de urbanización, convocadas por la Diputación Provincial de Valladolid, lo que conllevó a que tanto el alcalde como la concejal acusada participaran en un Pleno de la Municipalidad junto a otros concejales del oficialismo y de la oposición para acordar el monto de inversión que se le solicitaría a la Diputación para ejecutar las obras, pero sin especificar las calles que se pretendían urbanizar. El plan provisorio fue aprobado por la Diputación, pero para efectos de concretar la aprobación definitiva el alcalde participó en una Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, sesión en la que se nombraron las calles que se iban a urbanizar, siendo una de ellas donde se encuentra la vivienda de la concejal acusada, sin embargo, el alcalde desconocía dicha información y la concejal creía que la Diputación aprobaría la pavimentación, porque ya se habían urbanizado los otros tramos de la calle, por lo que el municipio ordenó el pago de facturas a la arquitecta a cargo de la elaboración del proyecto.
No obstante lo anterior, y en atención a que la calle se encontraba incluida como una unidad de ejecución, lo que significa que su urbanización debe ejecutarse por los propietarios de los terrenos o por la Municipalidad mediante el sistema de cooperación y no por financiación provincial, la ejecución de la obra no se pudo llevar a cabo.
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