Para oponerse a la entrega de información proporcionada a un órgano público en cumplimiento de su rol fiscalizador, se debe acreditar la real y efectiva producción del daño que la publicidad de la información produce a su titular.

La Corte de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Empresa Pesquera APIAO S.A. en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), por haber ordenado al Servicio Nacional de Pesca de Los Lagos la entrega de información sobre las cosechas de productos marinos efectuadas en centros de engorda.

En abril de 2022, un particular solicitó directamente al Sernapesca de Los Lagos la entrega de información relativa a las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el período 2010 a 2021 respecto de los centros de engorda de mitílidos ubicados en la comuna de Chonchi, petición que fue denegada por el órgano público luego de que la empresa formulara oposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

En contra de la negativa a entregar la información, el requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública, el que fue acogido por el CPLT, lo que motivó que la pesquera interpusiera reclamo de ilegalidad, argumentando que esa decisión afecta el secreto empresarial y los derechos comerciales de que es titular.