Recurso de casación rechazado.
Tribunal Supremo de España confirma pena de prisión a mujer que obligaba a sus hermanas a prostituirse bajo amenaza de volverse locas y morir, con ocasión de una ceremonia vudú que le practicó a una de las víctimas.
El recurso de apelación no sitúa al Tribunal ad quem en la misma posición en que se hallaba el órgano de instancia.

El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso de casación interpuesto en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó la pena de cinco años y un día de prisión a una mujer por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, en concurso ideal medial con un delito de prostitución coactiva, en perjuicio de sus hermanas.
La recurrente alega que se falló vulnerando el principio de inocencia, ya que el tribunal de alzada simplemente ratificó la sentencia de instancia sin analizar las alegaciones específicas y concretas de la defensa, en cuanto prescindió del testimonio de las propias víctimas que señalaron que la prostitución la ejercieron de manera voluntaria una vez que ingresaron a España, con ocasión de la mala situación económica que tenían en Nigeria, de modo que el ritual de vudú al que se sometió una de las víctimas y en el que supuestamente se le manifestó que se iba a volver loca y moriría si se escapaba de su casa junto a su hermana, si denunciaban los hechos y si no devolvían todo el dinero invertido en ellas a través de la prostitución, la que a su vez también se llevó a cabo en Milán y Paris, no es real, por lo que no fueron obligadas a nada.
El máximo Tribunal refiere que, “(…) la carga incriminatoria sobre la que descansa el juicio de autoría es más que consistente, ya que la sentencia de instancia y avalada por la de alzada valoró debidamente las pruebas que respaldan la condena de la acusada, en atención al testimonio de los agentes de policía que recibieron las primeras declaraciones de la víctima; las representantes de la ONG que prestaron ayuda a la víctima en el momento de la denuncia; el médico psiquiatra del Hospital que atendió a la víctima, cuando ésta abandonó la casa desde la que estaba siendo explotada y tuvo que ser atendida por un ataque sufrido en el centro de menores donde fue ingresada tras denunciar los hechos; la prueba pericial del psicólogo forense sobre la afectación y las secuelas que los hechos declarados probados han generado, entre otros.”
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