La Corte Federal de Australia acogió preliminarmente la demanda por difamación que un ex oficial de las fuerzas especiales dedujo contra una radiodifusora, por vincularlo con el supuesto asesinato de prisioneros.
El recurrente, un veterano considerado un héroe de guerra, fue comandante de una unidad de comandos que sirvió en la guerra de Afganistán. Tras concluir su servicio, la demandada publicó artículos y reportajes televisivos en los que informaba, a modo de primicia, sobre una supuesta investigación que el ejército australiano estaba llevando a cabo contra los integrantes de la unidad, por un presunto asesinato de prisioneros. En una oportunidad también fue entrevistado.
En un reportaje los periodistas entrevistaron a un supuesto marine estadounidense que declaró, bajo anonimato, que la unidad asesinó a un prisionero durante una evacuación, porque no cabía en la aeronave que los recogió. A raíz de estas aseveraciones, el ex militar demandó a la radiodifusora por faltar a la verdad y difamar su nombre.
Tras tomar conocimiento de la demanda, la radiodifusora contestó que “(…) los reportajes no son difamatorios y que fueron realizados en virtud de la defensa de la verdad sustancial, la verdad contextual y el interés público”.
En esta oportunidad la Corte solo valorará si los reportajes son o no difamatorios, por lo que no se pronunciará sobre las cuestiones de fondo ni tampoco dictará un fallo definitivo. Ello será resuelto en una instancia futura.
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En su valoración, la Corte señala que “(…) existe la necesidad de centrarse en la impresión que la persona razonable común tiene de un asunto, particularmente en el contexto de las publicaciones hechas y vistas en línea. La interacción del lector con las publicaciones en las plataformas disponibles suele ser transitoria. Análoga observación cabe hacer respecto de los asuntos publicados a través de un programa de noticias emitido en la radio o la televisión. Puede darse el caso de que una declaración de que una persona está siendo investigada transmita únicamente que existen motivos razonables para sospechar o investigar una culpabilidad potencial, sin establecer una certeza”.
Agrega que “(…) los demandados sostienen que el lector normal y razonable no concluiría que el actor es objeto de sospecha. Pues bien, basta con que estos lectores reconozcan que el demandante no necesita haber empuñado un arma para que se sospeche razonablemente que cometió un delito. La impresión que transmiten los reportajes es que existen sospechas razonables contra el pelotón en su conjunto y, por lo tanto, ello incluye al actor en su calidad de comandante. La persona al mando no es inmune a la responsabilidad cuando sus soldados hacen algo mal”.
Comprueba que “(…) los artículos vinculados son condenatorios. Utilizan encabezados vívidos y sensacionalistas, como por ejemplo, «los soldados de las fuerzas especiales australianas tomaron una ‘decisión deliberada de romper las reglas de la guerra'» y «muchos disparos y cuerpos fueron a menudo dejados a su paso”. El efecto mismo de incluir entre ellos los enlaces de consulta es dirigir al lector a una fuente que elabora y refuerza las acusaciones en términos gráficos”.
En definitiva, la Corte concluye que “(…) el reportaje televisivo transmite que existe una investigación «activa», «en curso» y «actual» sobre el pelotón. Esas palabras se repiten a lo largo de la transmisión. Por ejemplo, el periodista afirma que se puso en contacto con el actor “para preguntarle si estaba al tanto de esta investigación criminal activa en curso”, y que este respondió que no estaba al tanto. Sin lugar a dudas, la transmisión lo vincula con la supuesta investigación”.
Al tenor de lo expuesto, la Corte resolvió que los registros son difamatorios.
Vea sentencia preliminar Corte Federal de Australia NSD 745-2022.