Suspender el desalojo de un inmueble para garantizar los derechos de los menores que lo habitan es improcedente. Su bienestar corresponde a los padres y no al dueño.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Argentina) acogió el recurso de apelación deducido por el propietario de un inmueble que solicitó el desalojo de sus moradores. Resolvió que el tramite debe realizarse aun si viven menores en el lugar, pues su bienestar es una carga que corresponde a quienes ostentan la patria potestad, mas no al dueño.

En causa sobre precario se ordenó el desalojo de un inmueble. No obstante, el trámite fue suspendido hasta la recepción de unos oficios encargados por el Defensor de los menores que habitaban la vivienda. Contra esta decisión el demandante dedujo apelación para solicitar la prosecución del lanzamiento.

En su análisis de fondo, la Cámara indica que “(…) comparte el criterio sustentado en el sentido que deviene ajustado a derecho poner en conocimiento de la Defensoría de Menores e Incapaces la existencia de un juicio de desalojo en el que podrían verse afectados los derechos de niños y adolescentes al tomarse conocimiento de tal circunstancia y establecer un plazo para compeler al desahucio, a fin de facilitar la labor del Ministerio Público en orden a verificar la necesidad de recurrir al auxilio de un programa de apoyo y efectuar gestiones necesarias ante la autoridad administrativa”.